El anuncio del Gobierno central de regular con más requisitos el registro de viajeros, hizo saltar las alarmas en el sector. La semana pasada el Clúster Turismo de Galicia ya alzó la voz para mostrar su rechazo y este lunes es la propia Xunta la que se pronuncia con contundencia reclamando la paralización.
Así, Turismo de Galicia, acaba de solicitar a la Secretaría de Estado de Turismo que eche el freno al Real Decreto 933/2021, de 27 de octubre de 2021, relativo al registro de documental de viajeros que deben llevar los establecimientos turísticos. La nueva normativa iba a entrar en vigor a partir de 27 de abril , pero la oposición del sector turístico suscitó una moratoria de la entrada en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2023, un rechazo con el que la Xunta está totalmente alineada.
En el escrito Turismo de Galicia critica no solo la propuesta si no también la manera en que se llevó a cabo la aprobación, sin transparencia ni diálogo con el sector. Además, la nueva normativa supondría en la práctica pasar de recopilar 9 a 31 datos lo que se traduce en sobrecarga de trabajo para los profesionales del sector, tiempo extra para hacer el check in para los viajeros y necesidad de implantar procedimientos de seguridad para la recogida y custodia de los datos que, además, no son de carácter turístico.
Además, el Ejecutivo autonómico mantiene que esta recogida de información afecta a todas las tipologías de alojamientos y supondría cargas administrativas innecesarias y accesorias, que el sector considera inadmisibles, ya que se les demanda también el almacén y custodia de datos sensibles, cuya recopilación entra en conflicto con la LOPD, y que los establecimientos turísticos tendrían que almacenar durante 3 años. Además, el régimen sancionador incluido en el nuevo decreto supone multas de hasta 30.000 euros a los establecimientos, que tienen la responsabilidad de la exactitud de los datos que se hagan constar, cuestión que parece absolutamente desproporcionada.
“Los alojamientos deben ofrecer un servicio de calidad, rápido y eficaz que, en muchas ocasiones no se podrá garantizar se deben recoger los 31 datos que se les exige, datos que nada tienen que ver con la actividad turística y que además obligará a disponer de un protocolo de protección de datos que exige unas medidas de custodia inaccesibles para la inmensa mayoría de los titulares de establecimientos turísticos”, explicó la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.
Es por esto que el Gobierno gallego solicita a la Secretaría de Estado de Turismo que se sienten a consensuar con el sector el anexo I del Real Decreto, proponiendo que este se limite a recoger los datos ya exigidos hasta el momento en el ejercicio de la actividad de hospedaje.