La Ley de cambio climático, actualmente en tramitación en el Congreso, pondrá en peligro el futuro de las empresas y actividades económicas asentadas en la costa gallega en base a concesiones legalmente concedidas.
Durante una comparecencia en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios del Parlamento, la secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda , Carmen Bouso, defendió las prórrogas extraordinarias de hasta 75 años concedidas a las industrias del litoral, e incluso a las que se puedan solicitar en el futuro, al amparo de la Ley de espaldas de 2013. “El Estado dice que en la costa no puede haber industria, no puede haber ninguna conservera, no pueden haber nada”, indicó.
Por eso, consideró que el Gobierno del Estado utiliza la nueva Ley de cambio climático para hacer una “interpretación retroactiva” de la normativa estatal de costas para poder decir que no permite esas prórrogas extraordinarias “legalmente establecidas” por el legislador en base a un “artículo metido por la puerta de atrás” y poniendo de este modo “en riesgo” todas las actividades económicas vinculadas al litoral gallego.
En concreto, explicó que el artículo 18 de la dicha norma implica, de facto, una modificación de la Ley de costas del año 2013 en lo relativo a la duración de las prórrogas extraordinarias y que, con su redacción actual, supondría el fin de la actividad para muchas empresas asentadas en el litoral en todo el país. “Es inconstitucional y va contra la seguridad jurídica”, añadió la secretaria general técnica, quien emplazó a los grupos parlamentarios a no dejar que otros “decidan sobre el futuro de nuestra costa y de nuestra gente”.
La comparecencia de Carmen Bouso se produce después de que el pasado viernes la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, había reivindicado ante lo Gobierno central a necesidad de que cuente con la participación de las comunidades cuando impulse normativas de carácter estatal y con una incidencia directo en asuntos clave para el ejercicio de sus competencias, como es el caso de la Ley de cambio climático.
Según las estimaciones de la patronal, si el artículo 18 de la ley sale adelante con su actual redacción, su impacto solo en Galicia podría suponer la pérdida de unos 37.000 puestos de trabajo y 10.000 millones de euros, el equivalente al 3% del PIB gallego.