El Gobierno ultima la aprobación de un real decreto que flexibiliza la contratación en el campo de parados e inmigrantes sin autorización de trabajo para paliar la falta de mano de obra que está afectando a las producciones agrícolas de toda España.
Con esta medida se pretende frenar el déficit de temporeros en las campañas de Andalucía, Murcia, Extremadura, Aragón y Cataluña y evitar un desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena pandemia.
El decreto ley, según publica el diario El País, considera estas medidas “urgentes” para garantizar la producción y estará en vigor hasta el 30 de junio. La previsión es que el texto se debata este martes en el Consejo de Ministros.
El real decreto haría compatible la prestación por desempleo y otras ayudas sociales, contributivas o no, con la contratación para tareas agrarias. También incluye a trabajadores cuyos contratos estén suspendidos a causa de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque excluiría a los afectados por un ERTE vinculado a la crisis del coronavirus.
El sector agrario ocupa aproximadamente 300.000 asalariados temporales, de los que en torno a la mitad son extranjeros, según el Ministerio de Agricultura.