Nueva normativa de Viviendas de Uso Turístico

La Axencia de Turismo de Galicia está llevando a cabo una tarea de información al sector respecto a la normativa que regulará las Viviendas de Uso Turístico y que se aprobará previsiblemente después del verano. 
Tras el encuentro celebrado la semana pasada en Sanxenxo, esta semana fue el turno de Lugo y, A Coruña este miércoles, a partir de las 17h en la Cámara de Comercio, en el marco de un ciclo de sesiones informativas que continuará los próximos días en Santiago de Compostela el 11 de mayo, en Baiona el 12 de mayo (Auditorio Casa Museo da Navegación, a partir de las 17h) y en Vigo y la comarca del Salnés con fecha aún por determinar.
El objetivo de estas jornadas no es otro que el dar a conocer las novedades que se pretenden introducir con la aprobación de este decreto en el que la principal novedad es la necesidad de llevar a cabo una sencilla inscripción en un registro público. Esta regulación afecta a las viviendas que se alquilen por períodos cortos (inferior a 30 días), manteniendo la regulación mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el resto de los casos. En todo caso la entrada en vigor está prevista para después de la temporada de verano de 2016.
Cabe destacar, además, que el nuevo Decreto, en el que se regulan Viviendas Turísticas, Apartamentos Turísticos y esta nueva categoría de viviendas de uso turístico viene dado por la combinación de dos factores: por un lado el alquiler turístico se convirtió en una competencia autonómica después de la modificación de la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos.
Por otro lado, la irrupción de las nuevas tecnologías en el alquiler de viviendas vacacionales y la tendencia a destinar la este fin a vivienda habitual hacen necesario adaptarse a la nueva realidad para ofrecer seguridad jurídica tanto a los particulares como al sector ante uno nuevo tipo de alojamiento turístico. La nueva norma erradicará problemáticas vinculadas la estas prácticas en el ámbito económico-social, fiscal y de tributos y en cuanto a la garantía y seguridad de las personas usuarias, a la calidad de la oferta, al intrusismo o a la competencia desleal.
Actualmente, en España sólo hay cinco autonomías que tienen en vigor una normativa de este tipo: Cataluña, Madrid, Aragón, Canarias y Andalucía. Galicia ya sometió su propuesta a información pública e incorporó los alegatos y sugerencias oportunas, estando actualmente en la fase final, en la que se está dando a conocer al sector antes de proceder a su aprobación.